Las relaciones Iglesia-Estado en Colombia: una mirada desde el Bicentenario

Relación Iglesia-Estado en el período de la Independencia

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el período colonial estaban reguladas por el Real Patronato de Indias, lo cual situaba a la institución bajo el control de la Corona de España. La Iglesia cooperaba con el Rey bajo el compromiso de “…evangelizar las tierras conquistadas, a su vez que dirigía las tareas de educación, hospitales e instituciones caritativas”(Helg, 1987, p. 18). La Iglesia era la encargada de enseñar el español, la religión y habilidades manuales. Ella concedía a los maestros el permiso para poder enseñar, según sus aptitudes morales.  

Este panorama cambia luego de la Independencia en 1819. La campaña de Bolívar, con el apoyo de la legión británica, significó el fin del dominio español y la apertura de la Nueva Granada a otras influencias extranjeras inglesas y francesas, caracterizadas por su pensamiento laico en materia religiosa. Esta influencia se vio reflejada posteriormente en la tensión de quienes preferían la organización de un Estado federalista y laico, mientras que otros preferían una organización centralista y confesionalmente católica.

Desde la Constitución de Cundinamarca, proclamada el 30 de marzo de 1811, se veía la necesidad de establecer lo antes posible un concordato con la Santa Sede, para continuar así el Patronato, pero esta vez a nombre de la República (Garzón, 2011, p. 34). Éste se convierte en el primer antecedente constitucional colombiano del concordato entre la Iglesia y la nueva República, como tratado internacional. El Libertador Simón Bolívar y el General Francisco de Paula Santander conocían el papel de la Iglesia en las batallas de Independencia (a pesar de la oposición ejercida por algunos curas y obispos españoles) y su papel en el ordenamiento social. Por eso, enviarían a Don Ignacio Sánchez Tejada como diplomático a Roma para comenzar las gestiones del Concordato. En 1824 el Papa respondió que estudiarían su solicitud.

Luego de la victoria de la Independencia, el General Santander ordenó que se predicara en los púlpitos lo que podemos llamar una “justificación religiosa de la independencia” (Cortés, 2016, p. 71). Esta justificación circuló también en los llamados catecismos republicanos. Luego de la gestión de Sánchez Tejada, la Santa Sede reconoce la independencia de la Nueva Granada el 14 de diciembre de 1834, nombrando internuncio a Monseñor Cayetano Baluffi para iniciar la regularización del Concordato.

La influencia del catolicismo disminuyó, llegaron al país contenidos modernos, como los de Jeremy Bentham, doctrinas que fueron condenadas por el Vaticano. Fue hasta 1840 cuando la Iglesia vuelve a tener protagonismo, cuando el ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, Mariano Ospina Rodríguez, quiso reestablecer la orientación religiosa en la educación secundaria, a través de la contratación de 18 jesuitas para retornar al país (Cortés, 2003, p. 1). A mediados del siglo XIX, con la creación de los partidos Conservador y Liberal, comenzaría una lucha por el poder político por más de un siglo en medio de una sucesión de guerras civiles. En esta confrontación partidista, los conservadores contaron con el apoyo de la institución eclesial. Hasta mediados del siglo XX, los curas llamarían desde el púlpito a votar por este partido, amenazando a veces con la excomunión a aquellos que votaran por liberales.

Con los liberales en el poder, desde la presidencia del General José Hilario López (1849-1853) y, posteriormente de 1860 a 1880, se sientan las bases de una sociedad liberal, federalista y laica. Se da la abolición de la esclavitud y se garantiza la libertad de prensa y de cultos. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y fueron expulsados los Jesuitas del país. La relación Iglesia-Estado se torna violenta, tanto que generó el exilio de muchos sacerdotes y miembros del alto clero. Aunque la separación formal del Estado y la Iglesia se decretó el 15 de junio de 1853 (Cortés, 2016, p. 23), la posterior legislación de 1870 no rompe definitivamente con la Iglesia, puesto que deja en el programa escolar algunas horas de instrucción religiosa impartida por sacerdotes y les concedía el derecho de velar por el contenido moral de la enseñanza.

Sin embargo, se establecía: “…la neutralidad del Estado en materia religiosa” (Helg, 1987, p. 24). En esta confrontación, los dirigentes temían que las masas analfabetas y campesinas no comprendieran por qué los “doctores liberales perseguían a los curas, ni por qué los doctores católicos predicaban la guerra contra otros doctores”. Al finalizar la década de 1860, la Iglesia Católica habría terminado por ser desmantelada como último reducto del orden colonial y privada de los privilegios económicos e institucionales a la que el Patronato regio la había habituado (Saldarriaga, 2010, p. 85).

En la presidencia del general Eustorgio Salgar (1870-1872) se define por primera vez en la historia de Colombia la educación como una de las funciones del Estado y como una obligación de los padres con los hijos. Posteriormente, el presidente contrató una misión pedagógica alemana para dirigir las escuelas normales en el país. Esto tuvo la dificultad inicial del idioma y de su condición de protestantes, lo que algunos interpretaron como una amenaza para la identidad católica de la Nación. En 1876 se desató una guerra civil en nombre del derecho universal de la educación y en defensa de la religión como algo que daba sentido a la vida de los ciudadanos. En esta guerra, conocida como la Guerra de las escuelas, se crearon las condiciones políticas que redujeron la virulencia del ala radical y, más ampliamente, con el fin del período federal que había comenzado con la Constitución de Rionegro de 1863 y había nombrado al país Estados Unidos de Colombia. Esta constitución no nombraba a Dios en su preámbulo, por lo que es considerada por los tratadistas de Derecho Constitucional como atea.

Relación Iglesia-Estado en el período de la Regeneración

La Regeneración fue un escenario donde se redefinió la relación de la Iglesia y el Estado. Algunas tradiciones historiográficas asumen este período como el proceso histórico en el que la Iglesia gobernó al país a modo de teocracia o, incluso, en el que los jerarcas manipularon a los gobernantes para acomodar las leyes según los intereses de la Iglesia. No es acertado asumir esas tradiciones desde el punto de vista historiográfico, pero lo que sí se puede decir y comprobar es que la Iglesia se relaciona con la sociedad y acentúa su influencia sobre ella debido al apoyo del Estado. La Regeneración resultó un mecanismo de mutua convivencia. Por otra parte, se debe tener en cuenta la coincidencia temporal de la Regeneración con la parte más álgida de la romanización, liderada por el Papa Pío IX, quien dirigió a la Iglesia a combatir las ideas liberales de la Ilustración (Cortés, 2016, p. 495).

Para el liberal Rafael Núñez: “…se debía respetar el valor religioso de los católicos y sin ligar el Estado a la Iglesia”, esta última debería tener las garantías para su libre ejercicio pastoral sin desconocérsele el valor importante que tenía en la sociedad colombiana desde antaño (Garzón, 2011, p. 48). Así, la polarización existente en el país bajo el régimen federalista evidenciaba debilidad y fraccionamiento. Núñez creía que los conservadores deberían tener un espacio garantizado para su ejercicio político, al igual que los liberales. De esta manera, en su primer gobierno (1880-1882) da muestras de un espíritu conciliador, por lo cual recibe el apoyo de los conservadores y de la Iglesia para su elección. Luego de la Guerra Civil de 1885 una nueva constitución no daba espera y Núñez convocó una convención constituyente que redactaría una nueva Carta Magna. En el preámbulo de la nueva constitución de 1886 reaparece la referencia a Dios. En el artículo 38 se indica que la religión católica, apostólica y romana es de la Nación y que los poderes públicos la protegerán como elemento esencial del orden social. Y según el artículo 41, la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Un año después se firmaría el Concordato con la Santa Sede.

El Concordato fue firmado el 31 de diciembre de 1887 por Joaquín Fernando Vélez, representante del presidente Núñez, y el cardenal Mariano Rampolla, secretario de Estado del Vaticano y representante del Papa León XIII, dando un plazo de seis meses para la ratificación del mismo y el canje de notas. En el tema de educación, el Concordato tocó elementos importantes: se establecía que la Iglesia se apoyaría en el gobierno para establecer en el país comunidades religiosas como los Salesianos y los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1890 y el retorno de los Jesuitas. Las Hermanas Dominicas de la Presentación llegaron al país luego de su aprobación pontificia en 1928. Por otra parte, se incluyó la educación de los indígenas como mecanismo de incorporación a la comunidad colombiana. Para Saldarriaga (2010), lo que se ve tras las negociaciones en los currículos escolares, lo que las hizo posibles, no ha podido ser otra cosa que el objeto –y el producto de compromiso– de las tensiones entre los administradores y los intelectuales orgánicos del Estado y de las Iglesias por la hegemonía moral e intelectual. Y revela otra cosa crucial: “…que ni la Iglesia ni el Estado han podido ser ‘neutrales’ allí en donde ellos mismos exigen serlo” (Saldarriaga, 2010, p. 101). En materia económica, la gestión diplomática de Vélez logró que la Santa Sede renunciara a la indemnización por la expropiación de los bienes en años anteriores.

El Concordato estuvo vigente hasta 1973, cuando el Estado colombiano firmó uno nuevo. Éste recogía la filosofía del Concilio Vaticano II que pedía a la Iglesia no juzgar sino dialogar con el mundo moderno. Convocado por Juan XXIII y finalizado por Pablo VI, este concilio con un espíritu reformista que llamó aggiornamiento, se convirtió en el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. En el Concordato de 1973 se reconoció a la Iglesia como elemento fundamental del bien común, además garantiza no solo a la Iglesia Católica el goce de sus derechos, sino a las demás confesiones que existan en el país. En cuanto a la enseñanza de religión y según los principios de libertad de conciencia de los ciudadanos, se garantizó que el Estado no impondría ninguna enseñanza religiosa, pero teniendo en cuenta la mayoría católica, se comprometería a impartirla desde los establecimientos oficiales con la asesoría y aprobación de los textos por parte de la Iglesia Católica.

Relación Iglesia-Estado a la luz de la Constitución de 1991

La realidad política y social que vivía Colombia a finales de los años 1980, especialmente caracterizada por la violencia generada por grupos insurgentes y el narcotráfico, hizo que el presidente César Gaviria convocara una Asamblea Nacional Constituyente para dar paso a una nueva constitución en 1991. Llama la atención que se eliminó la mención de Dios que había en la anterior constitución y sólo se pide su protección.

La Constitución de 1991 creó la Corte Constitucional, la cual, de manera sorpresiva, declaró inexequibles la mayoría de los artículos del Concordato, por estar en contra de los principios de libertad de cultos. Decisión que fue declarada en su momento como un exabrupto jurídico, expresión utilizada por dos importantes políticos colombianos en su momento: el excanciller Augusto Ramírez Ocampo y el expresidente Alfonso López Michelsen (Garzón, 2011, p. 68), quienes advirtieron de la incompetencia de la Corte para fallar en un tratado internacional que además había sido suscrito entre Colombia y la Santa Sede en 1973 y que, como tal, estaba protegido por las normas de la Convención de Viena sobre los tratados.

Aunque hubo un acuerdo en 1992 para modificar el Concordato, la Santa Sede alegó la incompetencia de la Corte Constitucional colombiana para declarar inexequibles los artículos que consideró inconstitucionales. El Concordato de 1973 quedó reducido a seis artículos que son modificaciones a los artículos VII, VIII, XII, XIV, XIX y XX del texto original. Posteriormente, en 2006, el gobierno publicó el decreto 4500 que regula actualmente la enseñanza religiosa en Colombia.

A manera de conclusión

Este rápido recorrido por las relaciones Iglesia-Estado durante los siglos XIX y XX permiten dar cuenta del papel de la religión en la construcción de la identidad nacional de los colombianos. En la actualidad, aún con mayoría católica en el país, los retos del Estado colombiano y la Iglesia siguen vigentes en cuanto sigue siendo importante garantizar las condiciones para la libertad religiosa, formación y el ejercicio de una ciudadanía crítica y propositiva para la convivencia social. Es evidente que el poder de la Iglesia ha actuado en la configuración de un tipo de sociedad y de un amplio sistema de costumbres de arraigo católico. Es parte de la idiosincrasia y en las formas de pensar y actuar, está arraigado dentro de los ritos y actividades relacionadas por épocas, dentro de los ritos de vida.

Referencias

• Cortés, J. D. (2016). La batalla de los siglos. Estado, Iglesia y Religión en Colombia en el siglo XIX. De la Independencia a la Regeneración. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
• Cortés, J. D. (2003). La expulsión de los jesuitas de la Nueva Granada como clave de lectura del ideario liberal colombiano de mediados del siglo XIX. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 30, 199-238.
• Garzón Barreto, J. A. (2011). El Concordato desde una perspectiva histórico política de los dos partidos tradicionales en Colombia (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
•  Helg, A. (1987). La educación en Colombia: 1918-1957. Una historia social, económica y política. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
• Saldarriaga Vélez, O. (2010). La racionalidad del fanatismo: Independencia, secularización y educación en Colombia, siglos XVIII al XX. Historia de la Educación, 29, 77-102.