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Los docentes y directivos docentes rurales como víctimas del conflicto armado

Los maestros rurales han sido ampliamente reconocidos como sujetos particularmente vulnerables y sometidos a mayores niveles de riesgo con ocasión de las acciones de los combatientes.

Noviembre 7, 2019

Los maestros rurales, especialmente aquellos que laboran en zonas donde hay presencia de uno o varios grupos armados, han sido ampliamente reconocidos como sujetos particularmente vulnerables y sometidos a mayores niveles de riesgo con ocasión de las acciones de los combatientes. Este hecho encuentra respaldo empírico en las cifras de amenazas, homicidios y desplazamientos publicadas por fuentes oficiales del Gobierno colombiano y por organizaciones internacionales (Vélez, 2010).

Así, por ejemplo, el MEN manifiesta que, al analizar estadísticamente la migración de docentes en las entidades territoriales del país (como expulsoras o receptoras de docentes), se encuentra que aquellas con mayor ruralidad y con mayores afectaciones debido al conflicto armado presentan un mayor número de expulsión de docentes (MEN, 2018).

Lea: Permanencia de docentes y directivos rurales. Calidad de vida en el territorio

Este mismo resultado coincide con los hallazgos identificados por la Caracterización de docentes rurales de los departamentos de Chocó, Bolívar, Meta y César realizada por el MEN y la Organización de Estados Interamericanos (OEI) en el 2017, donde se manifiesta que los docentes presentan de manera recurrente traumas psicológicos derivados de las experiencias vividas cuando se dio lugar a enfrentamientos entre actores armados y estrés postraumático derivado de los episodios de violencia que vivieron en las zonas en las que trabajaron. “El docente se ve afectado física y psicológicamente por los conflictos internos que se llevan en esa región por grupos armados como lo es la guerrilla, el paramilitarismo y la delincuencia común, donde expone sus vidas día con día para ir a su lugar de trabajo. Esta situación se ha convertido en el primer factor problema del docente en estas zonas” (MEN-OEI, 2017).

En este mismo sentido, se encuentra que los departamentos que reportan más casos de docentes amenazados son Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá. En el caso del primero, que año tras año aparece como el departamento en que más se registran amenazas a docentes del sector oficial, uno de los mayores responsables es el Clan del Golfo. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del sindicato Adida, esta banda criminal ha intimidado a los maestros ubicados en el bajo Cauca antioqueño porque se oponen al microtráfico, al reclutamiento de jóvenes y a sus extorsiones (Rojas, 2018).

En algunos casos, el hecho de que los docentes se conviertan en uno de los principales blancos de los grupos armados ha obedecido a que son vistos como propagadores de un discurso que va en contra de los intereses de dichos grupos. Así, “los maestros ubicados en zonas de conflicto se convierten en actores activos dentro del mismo, debido a su posición ideológica, e incluso en razón al mero hecho de ser docente y realizar acciones sociales mediante los procesos de enseñanza, que redundan en la concientización de la sociedad del fenómeno del cual están siendo víctimas” (Robles, 2015). De manera que esta vulnerabilidad del docente se acentúa aún más al ser tal vez la única representación del Estado en las zonas, o por pertenecer a un sindicato o fungir como líder social o miembro de las juntas de acción comunal y otras asociaciones comunitarias.

Lea: ¿Quiénes son los maestros rurales de Colombia?

Ante esta situación, los docentes rurales que llevan a cabo su labor en zonas de conflicto armado y de violencia generalmente experimentan miedo y desconfianza, que los conducen a asumir diferentes posturas como la normalización de estos hechos, el aislamiento, que se manifiesta fundamentalmente en su rol de protectores, la neutralidad frente a la exigencia de adhesión a uno de los múltiples actores del conflicto armado o el involucramiento en la guerra (adherir a uno de los bandos), solicitar el traslado como mecanismo de protección de la propia vida o continuar en la zona aún a pesar de los riesgos que ello implique, ya que se asume ante todo un compromiso con la comunidad (Lizarralde, 2003, 2012; Motta, Burbano y Perdomo, 2012).

En Colombia, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH reportó que entre 1958 y 2018 en todo el país 1.579 maestros han sido víctimas directas del conflicto armado, y 1.063 (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población. Siguiendo el orden, 201 (12,7%) docentes sufrieron secuestros, y 200 (12,6%), desapariciones.

Lea el artículo completo en el estudio ‘Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto armado’ realizado por Fundación Compartir.

 


Imagen Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto armado

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