Víctimas de la dictadura en Chile recibieron educación como reparación

La publicación Learning peace: Transitional justice and education (Aprender paz: Justicia transicional y educación) está disponible de forma gratuita en ingles en los portales de UNICEF y del ICTJ. En los próximos meses, Palabra Maestra publicará semanalmente un resumen de algunos de los capítulos de cada sección de la publicación que exploran la relación entre la justicia transicional y la educación.

A continuación, el resumen del capítulo “La educación como reparación en Chile” de la tercera sección de la publicación, titulada “Reparaciones, compensaciones y educación”. Lorena Escalona Gonzales analiza los beneficios de los esfuerzos del gobierno de la post-dictadura en Chile por reparar a las víctimas de violaciones de derechos a través de la educación.

Tras el golpe de estado de 1973, Chile quedó bajo la dictadura militar del General Augusto Pinochet hasta 1990. Durante este periodo, la población Chilena fue sometida a graves violaciones de derechos humanos que van desde la desaparición forzada a la restricción de derechos civiles y políticos, entre estos el derecho a la educación. Este capítulo examina los retos del Estado post-dictatorial para compensar a las víctimas a través de programas educativos y garantizar la no-repetición de violaciones de derechos humanos de parte del Estado a través de la educación formal e informal.

El nuevo gobierno democrático del presidente Patricio Aylwin Azócar entendió prestamente el valor de la educación como medio de reparación durante el proceso de transición de la dictadura a la democracia. En ese sentido Leonardo Villa Arcilla del ICTJ asegura que “la reparación integral, tiene en la educación un medio de especial eficacia para la reconstrucción del tejido social y el proyecto de vida de las víctimas.”

A través de las acciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) el Estado chileno ha logrado uno de los programas de reparación más innovadores e integrales a nivel mundial.

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig)

La Comisión Rettig fue establecida en 1990 por el nuevo régimen democrático chileno para investigar las más serias violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Su mandato fue esclarecer la verdad de lo ocurrido para poder identificar a las víctimas para que estas pudiesen ser reparadas. Además se le encargó recomendar las medidas legales y administrativas que a su criterio fuesen necesarias para prevenir este tipo de crímenes en el futuro.

La Comisión Rettig fue de especial importancia para Chile. Al haber quedado completamente eximidos legalmente los responsables de estos crímenes por la Ley de Amnistía que pasó el gobierno militar antes de abandonar el poder, los hallazgos de la Comisión Rettig fueron de las pocas formas de justicia y de reparación que obtuvieron los chilenos tras el fin de la dictadura.

La Comisión Rettig recomendó ciertos cambios estructurales legales y administrativos al interior del Estado chileno pero también recomendó adoptar una serie de medidas para el bienestar social de las víctimas en los sectores de vivienda, salud y educación. En el sector educativo recomendó que se reparará a aquellos que fueron negados el acceso a diferentes niveles del sistema educativo por haber sido víctimas, o porque sus familias fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para tal propósito dispuso que el Ministerio de Educación Nacional debía conceder becas de educación superior a los hijos de las víctimas; que estudiase la posibilidad de condonar las deudas estudiantiles de los hijos de las víctimas, sus conyugues y otros parientes cercanos; y que las universidades técnicas recibieran de forma gratuita a jóvenes y adultos víctimas que no pudieron terminar sus estudios o que no pudiesen encontrar empleo.

Convencidos de que estas medidas reparativas y cambios estructurales en el Estado no serían suficientes para prevenir el tipo de violencias que vivió el país durante la dictadura, los miembros de la Comisión Rettig recomendaron que se utilizara el sector educativo de forma estratégica para inculcar una cultura de respeto a los derechos humanos en la sociedad chilena. Se tomaron en cuenta todos los niveles y todas las modalidades de educación con el propósito de que el mensaje llegará a ciudadanos de todas las edades y todos los estratos económicos. Se incorporó el tema de forma transversal en los currículos del sistema educativo formal, en los requisitos para formar sindicatos y se utilizaron estrategias mediáticas para llegar a la ciudadanía a través de la televisión, la prensa, el radio y otros medios de comunicación.

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) fue creada en febrero de 1992 para implementar y monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Rettig.

La CNRR tuvo seis líneas de trabajo: 1) Identificar a las personas que cualificaban como víctimas bajo el mandato de la Comisión Rettig; 2) Determinar el paradero y estatus legal de personas dadas por desaparecidas; 3) El programa de asistencia legal y social para las víctimas y sus familias; 4) La promoción del programa de educación y cultura; 5) El programa de estudios legales y de investigaciones; 6) el programa de documentación y el centro de archivos de la corporación.

Para llevar a cabo estas tareas la CNRR contó con el apoyo de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, de protección de los derechos humanos y con docentes de todos los niveles educativos. Al terminar cada proyecto, el mandato de la CNRR exigía que esta publicara los resultados a través de textos y materias didácticas y pedagógicas.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech)

Aunque tuvo un mandato similar al de la Comisión Rettig, la Comisión Valech, creada en 2003, benefició a un universo más amplio de víctimas. Mientras que el mandato de la Comisión Rettig se limitó a víctimas de desaparición forzosa y a aquellos presos políticos que fallecieron en cautiverio, la Comisión Valech benefició a víctimas de tortura y a aquellos que fueron detenidos por razones políticas.

Durante sus investigaciones preliminares, la Comisión Valech encontró que muchas de las víctimas de tortura y muchos de los presos políticos tuvieron dificultades una vez terminada la dictadura para educar de forma adecuada a sus hijos. Dado a que en promedio este grupo de víctimas había superado los 50 años de edad, la Comisión Valech recomendó brindarles becas tanto a las víctimas como a sus hijos.

Durante el tiempo que funcionó, la Comisión Valech recibió libros, testimonios y obras de arte elaboradas por las víctimas. Una de sus recomendaciones fue la creación de un fondo para una editorial y otro para las artes plásticas que apoyara el trabajo artístico de las víctimas.

Finalmente, la Comisión Valech revisó los programas de educación y promoción de derechos humanos recomendados por la Comisión Rettig, con especial énfasis en los programas dirigidos a la policía y a las fuerzas armadas. Recomendó que se actualizaran estos programas y que incluyeran el derecho internacional humanitario. En cuanto a los programas de las escuelas, recomendó que se incluyeran temas como la participación democrática, la apreciación de la diversidad, el pensamiento crítico y otras competencias ciudadanas.

Años después, este programa se expandió para atender un universo aún más amplio de víctimas. Este programa de reparación de víctimas a través de la educación ha sido un ejemplo para el resto de países que desde entonces han hecho una transición de la guerra hacia la paz.