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Valores democráticos y mirada crítica: horizontes de la indagación
Reflexiones sobre lo que implica el análisis de las políticas públicas, específicamente en educación, con una atención a lo que sucede en el territorio y la valoración que de estas políticas se hace.
La necesidad de hacer el seguimiento a las políticas educativas está condicionada por el cambio de modelo de la escuela expansiva -modelo que, bajo el discurso del desarrollo, imperó hasta la década de los 70 del siglo XX y el que significó la construcción del sistema escolar-, al de la “reforma educativa” que introduce lo que se ha denominado modelo neoliberal.
El modelo de la “escuela expansiva” hace crisis pues pensaba que la educación, por medio de la escolarización, en el marco de las teorías de capital humano, iba a producir el desarrollo social. Este modelo vivenció el crecimiento de la escolarización, bajo el enfoque según el cual el desarrollo económico estaría en función directa del desarrollo educativo (Martínez, 2004).
En la década de los 90, viniendo de un largo proceso de crisis económica, conocido como la década perdida, se empiezan a fraguar los cambios tanto en lo político como en lo social, que inciden en lo educativo y que en Colombia se ven reflejados en la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). En el sector educativo estos cambios se ven influenciados por lo que representaron fundamentalmente:
1. La Conferencia Mundial de Educación Para Todos (Jomtien, 1990) en la que se promulga el marco de acción para la Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje (UNESCO, 1990). El centro de la declaración define las necesidades básicas de aprendizaje y las competencias necesarias para los individuos que se enfrentarán al mercado. Por esta razón se hace necesario que se evalúen los aprendizajes y que estos tengan niveles aceptables, para lo cual se definirán estándares básicos.
Este cambio desplaza la enseñanza como centro del quehacer pedagógico, por el de aprendizaje entendido, en palabras de Martínez, no como la capacidad de aprehender, sino como la adquisición de ciertas competencias determinadas por resultados efectivos.
2. La reunión de Ministros de Educación en Quito (abril de 1991) (CEPAL - UNESCO, 1996) pone el centro en la transformación productiva y la modernización tecnológica, para lo cual la educación se convierte en el eje que permite la capacitación y perfeccionamiento del capital humano, para enfrentarse, de manera competitiva al mercado mundial.
3. La influencia del Banco Mundial en la generación de políticas públicas, atada a préstamos de cooperación internacional está plasmada en el documento “Prioridades y Estrategias para la Educación” (Banco Mundial, 1996) el cual hace una evidente manifestación de que los gobiernos deben invertir en educación y enlazan muchos de los aspectos de inversión social al tema educativo. Sugieren que la inversión en educación sea mayor y que se amplíe la cobertura. Introduce seis reformas que, aplicadas en conjuntamente, contribuirán en buena medida a que los países de ingreso bajo y mediano puedan resolver los problemas de acceso, equidad, calidad y rapidez de la reforma que experimentan actualmente.
Esas reformas buscan brindar un papel central a la educación, no solo en su ampliación, sino en la atención puesta al rendimiento; concentrar eficientemente la inversión pública en la educación básica y recurrir en mayor medida al financiamiento familiar de la enseñanza superior; prestar atención a la equidad; intensificar la participación de los hogares en el sistema de educación, dar autonomía a las instituciones a fin de permitir una combinación flexible de los insumos educacionales (1996, p. 99).
Dentro de las reformas aparece como una fuerte necesidad la orientación hacia los resultados, que permitan ver, por un lado, los avances de los estudiantes y, por otro, la eficiencia de la inversión en el sector, que representarán, a mediano y largo plazo, la retribución del capital para lo cual, el ejercicio se une a los análisis económicos, y la medición del cumplimiento de las normas, insistiendo en la necesidad de hacer planteamientos con enfoque sectorial.
Autor: Gabriel Torres Vargas. Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad
Javeriana. Magister en Estudios Políticos y en Educación. Contratista IDEP, Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares - SSPED.
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