El juez, citando a la desigualdad, ordena a Connecticut a reformar su sistema escolar

Texto original, publicado en el New York Times.

En una decisión que podría cambiar de manera fundamental la estructura de la educación pública en Connecticut, se le ha ordenado al estado realizar cambios en todo, desde cómo se financian las escuelas hasta qué estudiantes son elegidos para graduarse de bachillerato y cómo le están pagando y están siendo evaluados los maestros.

Leyendo su fallo desde el tribunal, por más de dos horas, el juez Thomas Moukawsher de la Corte Superior del Estado en Hartford, dijo: “Connecticut está incumpliendo con su deber constitucional”, de dar a todos los niños una educación adecuada. La decisión del Juez Moukawsher fue una respuesta a la demanda presentada hace más de una década, la cual reclama que el estado estaba estafando a los distritos más pobres en cuanto a la financiación de las escuelas se refiere. Lo que diferencia esta decisión de una docena de demandas similares alrededor del país, es que en lugar de tratarse solo del dinero, se requiere que el estado reformule cada aspecto importante del sistema.

“Esto es un juego de trueque”, dijo Joseph P. Ganim, el alcalde de Bridgeport, Connecticut, uno de los distritos más pobres y de bajo rendimiento del estado. “Es una denuncia a la aplicación del sistema, y al mismo sistema”.

Joseph P. Moodhe, quien representa a los demandantes del caso, que son la Coalición de Connecticut para la Justicia de la Financiación de la Educación, dice que cada estado ha presentado virtualmente una demanda sobre el financiamiento de la educación. Este año, la Corte Suprema de Kansas reglamentó que el plan de financiamiento del estado ha creado inequidades “intolerables” y por otro lado, en Nueva York se interpuso una demanda en el 2006 que debía ceder dinero a la ciudad y a los distritos con altas tasas de pobreza, pero persiste la batalla de si el estado está cumpliendo con sus obligaciones.

William S. Koski, profesor de leyes y educación en la Universidad de Stanford, llamó al alcance de la sentencia como “altamente inusual”. “La mayoría de estas demandas sobre financiamiento de escuelas se debaten entre los números y si los fondos son adecuados o están siendo utilizados en cualquier factor de aprendizaje que la corte establece”, dijo y añadió: “La verdad, es típico cuando se trate de dinero”. En cuanto al fallo en Connecticut, expresó: “Yo lo llamaría una decisión de reforma, más que una decisión para el financiamiento de la escuela”.

Connecticut es conocido por la calidad de sus escuelas, así que la decisión cita varias impresionantes estadísticas sobre las buenas, incluyendo el promedio más alto en los puntajes de lectura en el país de estudiantes de cuarto y octavo grado, en la Evaluación Nacional del Progreso de la Educación del 2013, por sus siglas en inglés N.A.E.P y también llamada como
el boletín de calificaciones de la nación.

Pero el estado, también recibe a las escuelas que no son tan buenas, especialmente a esas que sirven a niños pobres. De acuerdo al reporte de la N.A.E.P en el 2015, los estudiantes de bajos recursos de otros 40 estados como Mississippi y Arkansas, lo hicieron mejor que los estudiantes con la misma condición en Connecticut. Por lo que, las escuelas que trabajan con niños pobres están concentradas en 30 de los 169 municipios del estado.

El sistema actual: “Ha permitido que los distritos con escuelas ricas florezcan mientras que ha descuidado a las escuelas pobres”, dijo el Juez Moukawsher, poniendo en evidencia una promesa de la Constitución del Estado en la que deben dar a los niños una “oportunidad justa de estudiar la primaria y la secundaria”.

Connecticut financia sus escuelas con una combinación de impuestos de propiedades locales y federales, pero también con dinero del estado, de manera que puedan compensar las grandes desigualdades en el valor de las propiedades entre poblaciones ricas y pobres. Los documentos de la corte, señalan que Bridgeport tiene casi ocho veces la población de New Canaan, pero las propiedades en esa población adinerada del Condado de Fairfield, valen más de $1 billón de dólares.

Este año el estado se ha enfrentado a una crisis fiscal, lo que ha desencadenado despidos y recortes en gastos, pero adicional a eso, la Asamblea General le redujo la asistencia de educación estatal a algunos distritos pobres, con un recorte de más de $905,000 dólares en Bridgeport y más de $600,000 en New Haven. Lo más increíble de todo, es que los distritos pudientes como Branford y un suburbio de New Haven, obtienen más dinero con un incremento del financiamiento de $300,000 dólares.

“No hay una explicación para entender por qué las poblaciones adineradas se toman el dinero que necesitan desesperadamente las que tienen menos recursos. Es una burla al deber constitucional del estado que debe proveer a todos los estudiantes las oportunidades para una educación adecuada”, escribió el Juez Moukawsher. El centro de la decisión fue una crítica a la diferencia de la calidad educativa que los niños del estado reciben. Para el Juez Moukawsher, los estándares y el incremento en la tasa de graduación, no tienen sentido, ya que según la declaración del Superintendente de la escuela en Bridgeport: “Una persona analfabeta podría obtener un título de secundaria en Bridgeport”.

Por otro lado, el Juez criticó la manera en que se les paga y son evaluados los profesores, quienes en Connecticut y en cualquier lugar, son en su mayoría valorados como buenos por medio de evaluaciones, que incluso sus estudiantes pierden. Los sindicatos de maestros han discutido el por qué los profesores tienen que cargar con toda la responsabilidad de las dificultades de aquellos estudiantes sin recursos, las cuales fueron legítimas para el Juez. Pero por el contrario, no estaba convencido de que no existiera una forma para medir la forma en como los profesores enseñan y se preguntó: “¿Por qué preocuparse por medir a los estudiantes, si ellos no tienen una conexión directa con lo que se les ha enseñado?”.

Además, Moukawsher dijo que el estado necesita modernizar la manera en cómo se identifican y atienden a los niños con necesidades especiales porque el criterio de los servicios varia de ciudad en ciudad, y en su fallo, no dictaminó ninguna nueva fórmula de financiación ni explicó los requerimientos para graduarse en el estado o las políticas que debería haber. En cambio, ordenó a la oficina del abogado general entregar planes a un plazo de 180 días para arreglar las áreas que encontró deficientes. Lo que no estaba claro, era quién debía redactar las propuestas o si es el estado eran quien debía apelar la decisión. 

La oficina del abogado general dijo en un correo electrónico: “Estamos revisando esta decisión de manera conjunta con nuestras agencias clientes, y rechazamos comentarios adicionales en este momento”. Cuando la demanda fue archivada en el 2005, el gobernador demócrata, Dannel P.Malloy, alcalde de Stamford, habló a favor de la demanda y demandó: “Sabemos que para mejorar los resultados de todos los estudiantes y cerrar esas persistentes brechas en los logros, necesitamos desafiar al status quo y tomar acciones arriesgadas. Sabemos que hay más trabajo por hacer”.

Poner la  decisión del Juez Moukawsher en práctica será un reto para el estado, dijo el señor Ganim, alcalde de Bridgeport, y cerró diciendo: “La parte más fácil de esto es probablemente la financiación”.

Texto original, publicado en el New York Times.