La autonomía institucional

El vocablo autonomía es de origen griego y significa capacidad de autogobernarse (viene de las expresiones “autos”, que significa “por sí mismo”, y “nomos” que significa ley). La autonomía podría considerarse como la fase final de un proceso que tiene como antecedentes la anomia (ausencia de leyes) y la heteronomía (legislación desde el exterior).

En el campo educativo, se dice que una institución es autónoma cuando dispone del máximo poder de iniciativa pedagógica o de autogestión. La autonomía institucional hace referencia, entonces, a la capacidad de decidir y ejecutar acciones relativas a la vida institucional.

Tipos de autonomía

Mariela Macri, de la Universidad de Buenos Aires, plantea el tema de la autonomía de una forma muy clara. En un trabajo sobre el tema señala que hay diversos tipos de autonomía para las instituciones escolares: financiera, de gestión, organizativa y didáctica.

La autonomía se expresa en la identidad de la institución, la toma de decisiones, la estructura y la estrategia. A su vez se ejerce en ámbitos como el diseño de los contenidos y estrategias didácticas y pedagógicas; la administración de la institución; las políticas y el gobierno; la gestión de los recursos humanos, y los servicios ofrecidos por la institución.

La autonomía institucional está directamente conectada con las normas, por lo tanto es posible inferir que será baja la autonomía institucional cuando la presión normativa (leyes, decretos, reglamentos) es alta. En estos casos la uniformidad escolar tiende a ser grande. Si por el contrario la normativa es escasa la autonomía es más amplia y los centros escolares serán más responsables en cuanto a los resultados.

Partiendo desde una perspectiva que considera que la función de la escuela en la sociedad actual, es distribuir equitativamente el conocimiento acumulado entre los miembros de una sociedad para hacerlos competentes ética, social, política y económicamente a fin que realicen sus capacidades como persona y se integren a la sociedad con posibilidad de desarrollar su pensamiento crítico fuente de innovación y cambios sociales.

Estos principios básicos llevan a la profesora Macri a plantear una serie de interrogantes que tienen plena validez en el caso de la educación colombiana y, en particular, en lo que se refiere a las normas de evaluación.

• ¿Qué responsabilidades en materia educativa debe conservar un estado democrático y de cuáles debe desprenderse y delegarla en actores autónomos a fin de mantener la equidad y la calidad de la educación?
• ¿Qué significado tendría para el logro de esta misión dar a la escuela márgenes de autonomía? ¿Y cuáles serían esos márgenes?
• ¿Contribuiría a fortalecer por igual a todos los sectores de una sociedad o reforzaría las desigualdades sociales existentes?

En este sentido el debate internacional se plantea en términos de quienes sostienen que la autonomía conduce a una mayor eficiencia, calidad y equidad en la distribución de la educación y quienes, por el contrario, sostienen que la autonomía conduce a la distribución regresiva de la educación.

Colombia, a partir de la Constitución de 1991, ha hecho desarrollos graduales en su legislación educativa, que tienden a consolidar una creciente autonomía de las instituciones de educación básica y media. Sin embargo, todavía el Estado colombiano mantiene un nivel de regulación relativamente alto, con el fin de garantizar la disponibilidad, el acceso y la calidad.

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