SOS para la Educación privada

El artículo 68 de la Constitución Nacional establece, entre otras cosas, que los particulares pueden fundar establecimientos educativos. En Colombia se atiende a más de 1.7 millones de estudiantes, cuyos gastos son asumidos por las familias, en 4.400 colegios privados. Entre estos, 468 aparecen en el ranking de las mejores 500 instituciones educativas del país según las pruebas Saber 11 año 2018.

Como consecuencia de la emergencia por el COVID-19, las instituciones educativas privadas han tenido que modificar las condiciones de prestación del servicio educativo de presencial a virtual. Entre otras cosas, han tenido que desarrollar, de la noche a la mañana, habilidades en el personal para en qué medio de esta complejidad se procure el bienestar afectivo, emocional y cognitivo de los estudiantes, y que el tiempo que estos pasen en sus casas por la cuarentena, sea productivo.

Se han flexibilizado los horarios y se han adquirido herramientas tecnológicas para responder a las diversas necesidades de las familias, al llamado del gobierno de permanecer confinados y a los niños y jóvenes en sus casas.

Sin embargo, no se han tomado medidas para mitigar la situación de estos colegios en los que sus ingresos se van a ver afectados por la falta de entradas económicas de los padres de familia. Desde ya se plantea una crisis económica sin precedentes para el sector, ya que deben mantener los costos fijos dentro de los cuales un gran porcentaje es la nómina de los maestros.

Es preciso señalar que, contrario a la percepción general, el 90 % de la población atendida por la Educación Privada, pertenece a los estratos 1, 2, 3 y 4, siendo la 3 la población más grande. Este hecho revela el carácter vocacional y de servicio de las instituciones educativas. En este orden de ideas, con puntuales excepciones, las instituciones educativas privadas no poseen grandes reservas presupuestales que les permitan subsidiar a los padres de familia o incurrir en estrategias financieras (que tampoco se han materializado) al mediano y largo plazo.

Adicionalmente a la crisis económica que enfrentan, tienen grandes dificultades para la prestación del servicio educativo de forma virtual. Existe una carencia de medios tecnológicos de un número significativo de familias que permiten el desarrollo de esta estrategia educativa en casa. Son muchos los hogares que no cuentan con computadores y servicio de internet, o bien, estos son insuficientes para la cantidad de miembros de familia que deben conectarse a simultáneamente a diario.

De otro parte, las personas que están a cargo de los niños casa carecen de habilidades para el manejo de estos dispositivos. Los maestros han tenido que adecuar sus espacios privados para convertirlos en centros o estudios de emisión en línea, con las dificultades didácticas que este entorno plantea.

A pesar de las dificultades, la educación privada ha desarrollado sus actividades por medio del teletrabajo o el trabajo en casa, garantizándoles así el derecho a la educación a sus estudiantes.

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Es preocupante ver cómo se generan alivios, alternativas y subsidios para otros sectores de la sociedad y la economía y no para al sector educativo privado. Solamente se les hace hincapié en la obligatoriedad de cumplir con los contratos suscritos con los padres. Sería conveniente que se direccionara una línea de créditos especial para este sector, ya que el sector financiero no les presta por considerarlos como un grupo de alto riesgo.

Los funcionarios del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, conocen muy bien la situación, por lo que deberían ya tomar medidas para atender esta situación y no esperar a que se quiebre el sector. Una quiebra afectaría a un grupo importante de estudiantes y familias que el Estado no puede atender.

Algunos alivios inmediatos pueden ser:

●      Generar bonos de subsidio escolar

●      Recategorizar tarifas de servicios públicos a establecimientos de educación privada.

●      Exoneración del pago de impuestos prediales y otros distritales y nacionales.

●      Inclusión del “Seguro de Pensiones” en el cálculo de costos educativos.

●      Reducción significativa o gratuidad en el servicio de internet a las familias de estratos 1, 2 y 3