Una mirada a la ley general de educación: retrospectiva y desafíos

Enlistar las transformaciones políticas, normativas y sociales que repercuten en el sistema educativo parece una tarea extensa y ampliamente documentada por historiadores como Jaime Jaramillo o Jorge Orlando Melo (por sólo citar algunos), sin embargo, analizar los momentos de profundas transformaciones recientes en tales categorías y en el sistema educativo nacional requiere fundamentar un ejercicio desde la expedición de una Nueva Constitución Política en 1991, acontecimiento histórico que renovó las estructuras del poder nacional y por consiguiente dio inicio a una profunda modificación en el sistema educativo, así como a las nuevas dinámicas inherentes a la formación de nuevos ciudadanos y desde luego, de nuevos maestros.

A pesar de este momento histórico marcado por la renovación y transformación institucional, el proceso de regulación del servicio educativo, como pasó denominarse el proceso educativo desde la de la nueva Carta tal como lo esboza en el artículo 67, soslayó una serie de desafíos y retos para una sociedad enmarcada en la novedad de abordar un Estado Social de derecho, tales como ordenar la prestación del servicio, abordar la autonomía, indagar sobre la complejidad del proceso educativo y desde luego aliar a los diversos sectores que confluyen en esta preponderante escenario formativo. 

Como parte de estos retos se encontraba, como bien lo señala Cajiao (2004) la necesidad de una regular que de manera explícita ordenara el derecho y servicio educativo promulgado por la recién aparecida Constitución de 1991, pues a criterio de docentes y algunos actores legales y políticos, la norma constitucional no esbozaba las necesidades, proyectos y desconocía algunos componentes de la realidad de una institución educativa. Por todo esto era primordial establecer un referente legal que ordenara el ingreso, promoción, procesos y formación de una escuela en el territorio colombiano, características que configuraban no sólo un manual operativo, sino que buscaban abordar desde la complejidad de intervinientes, fenómenos sociales que contrastaban con el panorama político y legal a la escuela no sólo como objeto de regulación, sino si se quiere como una base de regulación normativa y legal.

En consecuencia, un proceso de estas características implicaba enormes retos para la cartera ministerial de ese momento histórico, liderada por el desaparecido Carlos Holmes Trujillo, por cuanto debía concitar las propuestas emanadas del sindicato FECODE sobre la necesidad de garantizar cobertura, calidad, formación, y un servicio atinente con lo expuesto en la norma constitucional. 

En razón a esto surge la Ley 115 de 1994, norma que se convirtió en un referente crucial para el sistema educativo colombiano, pues delimitada el servicio educativo y su prestación por parte de entidades públicas y privadas en el territorio nacional. Las definiciones allí expuestas, así como la comprensión de procesos innatos al acto educativo como la construcción de un Proyecto Educativo Institucional que aunado al espíritu de descentralización de la Carta Política de 1991 demostraron ser esenciales en la pertinente atención a las necesidades y requerimientos contextuales de cada institución educativa ubicada en los más diversos lugares del territorio nacional.

A pesar de estas inmensas transformaciones, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, parece quedarse apuntalada en otro tiempo y contexto social, sobra decir las irrestrictas referencias a los recursos tecnológicos y acceso a la información, por ello al buscarse como fuente jurisprudencial y procedimental para regular los procesos educativos y la prestación del servicio educativo en la actualidad, sus definiciones y resoluciones parecen atender a una nación que si bien aun existe, ahora se encuentra profundamente renovada por fenómenos que oscilan desde las redes sociales, la expansión del servicio de internet, al igual que las nuevas dinámicas de acceso a la titulación de todos los niveles académicos ofertados en el mundo. 

Como parte de estos nuevos retos, es fundamental abordar la inclusión de un servicio educativo prestado en su totalidad o mediado por plataformas tecnológicas, la existencia de escenarios no convencionales para prestar el servicio educativo (tales como parques, escenarios culturales y zonas de transición de reinsertados de los diversos grupos armados). De igual manera, surge la necesidad de fundamentar un escenario de discusión sobre los lineamientos y competencias en las áreas formativas que, aunque se han convertido en derroteros para la formación en las aulas, carecen de ser las habilidades del siglo XXI.

En concomitancia este rastreo histórico que da cuenta de las grandes conquistas deparadas de la sanción de la ley, evidencian la inmensa capacidad propositiva y la gran propuesta de diálogo, así como de establecer acuerdos cruciales para robustecer un servicio que atañe a todos los nacionales, sería esta coyuntura social y sanitaria un momento propicio para abordar nuevamente estos espacios de lo que se hace casi treinta años se denominó una asamblea constituyente educativa para zanjar una ruta que permita responder a los retos que implica la globalización, la cuarta revolución industrial, el ejercicio de los derechos y deberes en una sociedad absolutamente transformada por las tecnologías de la información y su acceso a ellas.

Referencias: 

Cajiao, F. (2004) La concertación de la educación en Colombia. Revista Iberoamericana de Educación, 34, 31-47. https://rieoei.org/historico/documentos/rie34a02.PDF