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Cruzada educativa en Chile: educación como un derecho social

Con el objetivo de universalizar el acceso de la educación y convertirla en un derecho social, desde el 2014 se lleva a cabo en Chile la reforma educacional o educativa que impulsa la actual presidente Michelle Bachelet.

Junio 22, 2015

Contexto 

Desde 1973 hasta 1990, Chile estuvo regida por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Este tipo de mandato, cambió significativamente el modelo educativo del país y lo impregnó de la tendencia neoliberal, característica del estilo de gobierno de esa época. La educación básica y media, sigue siendo un derecho obligatorio para los ciudadanos, donde el estado interviene hasta cierto punto con un porcentaje en la subvención para las escuelas y subsidios. Pero el objetivo final es descargar al estado de la obligación financiera de la educación pública y asignar esa responsabilidad a la esfera privada.

Tal y como lo afirma María Angélica Oliva en su ensayo “Política educativa y profundizacion de la desigualdad en Chile”: “Este principio de subsidiariedad y su corolario, la transformación del rol del Estado en la educación se manifiesta al menos en tres aspectos neurálgicos: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio del sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados (sostenedores) al mercado de la educación”.

A su vez, la administración de las escuelas en Chile se torna más descentralizada y pasó a estar a mano del gobierno local o municipalidad. Asimismo, las condiciones de los docentes cambian y su régimen laboral se asemeja más al de un empleado que trabaja una empresa privada. El enfoque neoliberal transforma la noción de educación en algo distinto a un derecho social: se convierte en algo parecido un bien de consumo que se adquiere de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada quien. Para ello, se busca incluir a más actores privados en todas las esferas de la educación.

Si bien las subvenciones y subsidios se mantienen, las diferencias entre lo estatal y lo privado se hacen más notorias en este período: “Si existieran establecimientos subvencionados y establecimientos pagados sin diferencias perceptibles en el servicio prestado, nadie se autoclasificaría seleccionando el establecimiento pagado. Esto significa que, para que exista la autoclasificación debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior a la pagada. Esta idea suena chocante, pero no es sino la realidad que existe en cualquier parte del mundo. Si no existiera esta diferencia, nadie asistiría a escuelas pagadas"[1].

A partir de 1980, una gran parte de las universidades en Chile pasan a ser privadas, aunque la educación pública no desaparece por completo. Las universidades tradicionales o estatales, creadas antes de 1980, se mantienen vigentes en el país. Estas instituciones se diferencian de las privadas ya que tienen una financiación de recursos públicos de tan solo el 30%. Las instituciones tradicionales son en total 25 (16 universidades estatales y 9 con personería jurídica privada) y cuentan con autonomía total en sus decisiones administrativas y académicas [2]. Cabe anotar que dichas instituciones tienen su representación en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), organismo que ha ejercido un papel importante durante las reformas de la educación superior que ha vivido esta nación sudamericana. A pesar de la existencia de establecimientos tradicionales, las universidades públicas no cubren en su totalidad la demanda educativa del país, lo que encarecerá durante las próximas décadas los costos de las matrículas para la aquellos chilenos que no puedan acceder a la educación superior oficial.

Ejes centrales de la reforma

Así como sucede en el caso colombiano, para muchos chilenos su capacidad adquisitiva determina la calidad, intensidad y profundidad de la educación que alguien va a recibir. Y no solo su capacidad adquisitiva, sino también su capacidad de endeudamiento. Pero, ¿es este un planteamiento justo que garantiza equidad social en todas las esferas de la sociedad? ¿Se trata acaso de un esquema que facilita en el acceso igualitario a la educación de parte de todos los ciudadanos y que no se encargará de generar más brechas sociales? Evidentemente, la respuesta a ambas preguntas es no.

Los primeros esfuerzos de hacer más accesible la educación universitaria para muchos fueron a través de créditos educativos con el aval del gobierno, algo quizás similar a la figura del Icetex en Colombia. La Ley 20.027, promulgada el 1 de junio de 2005 sería la encargada de lograr que jóvenes pudieran acceder a la educación superior sin importar sus condiciones socioeconómicas y para estudiar cualquier carrera en una universidad ubicada dentro del territorio chileno. Aunque si bien no se trató propiamente de una democratización de la educación, esta medida fue una primera aproximación de promoción de la educación superior en todos los sectores de la sociedad chilena y de empezar a masificar la profesionalización de los jóvenes.

La propuesta de cambiar el sistema educativo en Chile es una de las banderas del gobierno de Michelle Bachelet, tal y como está establecido en su programa de gobierno para el período 2014 - 2018. Pero, los inicios de la reforma se remontan hacia el 2006, cuando las protestas de estudiantes [3] durante ese año desencadenaron el proyecto de Ley General de Educación, enviada al congreso en el 2007 y publicada oficialmente en el 2009.

Sin embargo, los cambios educativos no terminaron ahí y es por esto que se vuelve necesario realizar una segunda etapa que es la que se está llevando a cabo en el segundo mandato de la presidente Bachelet. Dicha reforma, tiene varios puntos claves, de los cuales se mencionarán solo algunos a continuación:

  • Fin del copago en los colegios o de la financiación compartida entre padres de familia y subvención estatal
  • Prohibición del lucro por parte de los establecimientos educativos
  • Sistema aleatorio de admisión en los colegios. Solo los liceos destacados podrán realizar un proceso especial de admisión.
  • Reforzar la educación parvularia
  • Creación de un fondo especial para la educación pública
  • Gratuidad del 60% de la matrícula para jóvenes vulnerables en Chile

También se incluirá una reforma transitoria para terminar con la intervención de las municipalidades. Además, también se incluye un componente especial con énfasis en el docente. El Plan Nacional Docente contempla un mejor proceso de selección para quienes quieran ser docentes, con una exigencia más alta; programas de acompañamiento durante la carrera docente y mejores condiciones de trabajo para los profesores. Todo esto con el fin de generar mayor estabilidad y menor rotación de personal en el área pedagógica de las escuelas y universidades.

Cabe anotar que estos son solo algunos de los puntos más importantes de la Reforma Educativa y que su implementación se realizará paulatinamente con diferentes proyectos de Ley que están en construcción por parte del gobierno de Bachelet.

Controversia y algunas críticas a la reforma

Desde su anuncio y con la formulación de los diferentes proyectos de ley que la componen, la Reforma Educacional ha generado un sinnúmero de críticas, de parte de varios actores que consideran que existen algunas fallas y errores en los planteamientos contemplados dentro de este conjunto de cambios.

Los maestros están en paro desde el pasado 1 de junio, porque están en contra de la evaluación docente e insisten en que sus remuneraciones son aún demasiado bajas para ejercer su labor. Las negociaciones entre los docentes y el Ministerio de Educación siguen en curso hoy en día, a la espera de lograr acuerdos en los parámetros y requisitos de la carrera docente.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ha realizado continuas protestas en contra de la reforma, ya que, en palabras de su dirigente Melissa Sepúlveda, la reforma educacional  “(...) no toca el principal mecanismo de selección, que es el socioeconómico. Solo regula el lucro con los recursos del Estado, cuando se debería prohibir y erradicar el lucro en todos los niveles. Y, por último, acabar con el copago debería ir de la mano con una mejora de la calidad de la educación pública".

A esto, se le suma la baja popularidad de la presidenta Bachelet, por cuenta de supuestos malos manejos de los fondos durante su campaña de reelección y el caso de tráfico de influencias en el que está involucrado su hijo Sebastián Dávalos. Esta decreciente percepción favorable de su imagen, afecta significativamente la credibilidad de la reforma.

Por otra parte, la educación indígena e intercultural, ha provocado la protesta de parte de líderes indígenas quienes consideran que han sido excluidos en los casos contemplados por la Ley de Desarrollo de Carrera Docente.

A su vez, la forma en que la gratuidad educativa será implementada dentro de las universidades del país genera cierta incertidumbre. ¿Se tendrán en cuenta solo instituciones acreditadas? ¿Será posible cubrir financieramente el costo de ofrecer un 60% de la matrícula a jóvenes vulnerables? ¿Cómo determinar quiénes son los elegibles para poder obtener este beneficio? ¿Será posible cubrir la demanda total de quienes aspiran a la educación superior con este requisito? ¿Qué pasa con aquellos que no son elegibles para la gratuidad pero que igual tampoco cuentan con los recursos para cubrir la matrícula de una carrera universitaria? 

No hay lugar a dudas de la profunda trascendencia económica y social que tiene la reforma educativa en curso. Pero, la efectividad de sus planteamientos depende del éxito que tenga en su ejecución. 

Algunos enlaces de referencia:

*Agradecimientos a Vicente Lagos por la asesoría durante la realización de este artículo


[1] Jofré G. "El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena", Estudios Públicos, Santiago 1988. Prieto, B. Alfredo, La modernización educacional, Santiago. 1983.

[2] Centro Nacional Tuning Chile. Presentación Educación Superior. Disponible vía web en: tuning.unideusto.org/tuningal/images/stories/presentaciones/chile_doc.pdf.

[3] Esta serie de protestas es también conocida como “La revolución de los pingüinos”

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Comunicadora social y periodista
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